Jueves 19 de Diciembre de 2019
 

Nota de opinión
Jubilaciones: Una recurrente desilusión

La problemática previsional, preocupa por su costado social y por el presupuestario. La búsqueda de una posición que intente ubicarse en el punto medio de estos extremos siempre ha sido esquiva. Atento a que en lo social, los discursos desbordan de aflicción por los jubilados y en lo presupuestario reina y manda la escazes de los números por sobre la situación social y económica de ellos
El partido del nuevo gobierno se lleva todas las palmas en materia de búsquedas de solución; privatizó, en 1994, el sistema y luego lo nacionalizó en 2008. Esto lejos de pretender ser una crítica marca que en medio de tan disímiles decisiones, ha habido otras propuestas -ejemplos: moratoria previsional, reparación histórica que incluía la movilidad previsional, para citar los más emblemáticos- y ninguna de estas medidas han arrimado un alivio para la tercera edad.
La única certeza que tienen los jubilados, que se encuentran precisamente dentro de un sistema que se llama previsión social, es la incertidumbre.
Así las cosas hemos llegado a otro diciembre y aparece una nueva propuesta que da por tierra no sólo con las fallidas anteriores, sino que dejan al desnudo las promesas de la reciente campaña electoral en el sentido que la solución de los jubilados vendría por la baja de las exorbitantes tasas de interés que se percibían con las Leliq.
Lo que se ha propuesto tiene una suerte de dos solidaridades opuestas. A) La solidaridad con aquellos jubilados  que cobran la mínima, y B) la solidaridad con el sistema de los que perciben más de $ 20.000 para ayudar al sistema emparchado por todos lados.
La primera consiste en un bono excepcional de $ 5.000 para aquellos que perciben la mínima de 14.067 pesos, aplicado al mes de diciembre y otro de idéntico valor para el próximo mes de enero. De manera tal que aquellos que están en la franja más baja torna positiva una extra que aliviará su deteriorada situación, que elevará su ingreso a $ 19.067.  Está excepcionalidad es hasta enero, después en febrero, no se sabe qué pasará porque para todos estará suspendida la ley de movilidad.
La segunda se basa en la suspensión de la ley de movilidad, aprobada en diciembre de 2017, bajo una lluvia de piedras al edificio del Congreso, donde se encontraba entre otros, el diputado Moreau, quien solicitaba, a viva voz, el levantamiento de la sesión que trataba la ley. Atento a que en las calles había una batalla campal. Por supuesto que este "acting" era en defensa de los jubilados.
Especial atención merece esta decisión de congelar por 6 meses los aumentos que la ley de movilidad prescribe. Atento a que el índice de ajuste está compuesto ´por un mix', donde la inflación tiene 70% y el 30% restante lo compone el porcentaje de aumento de las remuneraciones. El ajuste resultante de la combinación de esos dos porcentajes se aplica con inflación pasada (año 2019), de manera tal que, como ya se conocen los índices inflacionarios indicaría -si la ley de movilidad no se suspendiera por 180 dias- que el porcentaje del aumento para todos los pasivos sería para el mes de marzo 2020 del 11,56% y el correspondiente para el mes de junio del 15 por ciento. Obvio que para todos y que además sumados para el primer semestre del 2020, las jubilaciones debieran tener un aumento del 26,56 por ciento.
La suspensión de la ley por idéntico plazo se convierte indirectamente en un "ingreso implícito" para el sistema, vía inflación, en detrimento de los haberes previsionales. Ya que los aportes jubilatorios -que constituyen ingresos para el sistema- se aplicarán sobre remuneraciones ajustadas por inflación durante 6 meses, pero dichos aumentos no se trasladaran a los pasivos, quedando en consecuencia sus haberes desactualizados, "solidarizándose" con su propio sistema.
En conclusión, los jubilados al no percibir los aumentos trimestrales mencionados ajustados por inflación, contribuyen con su merma de haberes al déficit del sistema. En números, sería dejar de percibir el 26,56%  ya mencionado. Una cruel solución que intenta morigerarse otorgándole superpoderes al Presidente para que tenga la potestad de aumentar cuando él disponga.
Para terminar esta inédita solución "insolidaria" donde los propios jubilados aportan indirectamente vía inflación al sistema y luego cobran haberes desactualizados, ya tiene un antecedente en nuestra provincia con la Ley Nº 10.078 de diciembre de 2012, cuando los jubilados empezaron a cobrar los aumentos 180 días después que lo hayan percibidos los activos.
La coincidencia es el diferimiento del aumento a los jubilados por 180 dias. La inflación de tan mala reputación, calificada como "el impuesto a los pobres" viene a resolver -en parte- el déficit previsional, mientras la problemática social seguirá irresuelta.
Lo único concreto será una catarata de juicios de aquellos que hoy los colocan obligadamente por ley como solidarios con el sistema, cuando debiera ser al revés.  
Cr. Luis Enrique Moncada (ExPresidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba)

   
       
 
Diseñado para Semanario El Sudeste <03537 15660224> Resolución óptima: 1024 x 768 px © Copyrigth 2009-2020